La decisión fue firmada por los cuatro miembros del máximo tribunal luego de que la Ciudad y la Nación no lograron ponerse de acuerdo en el costo que implica la Policía Federal, cedida a la Ciudad en 2016.
La Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno Nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.
El máximo tribunal no resolvió la cuestión de fondo sino que por el momento avaló la medida cautelar pedida por el Gobierno porteño, que en términos prácticos hará que los pagos de ese 2,95% se hagan “en forma diaria y automática” por el Banco de la Nación Argentina y suspende la ley 27.606 que le otorgaba 2,32%.
Desde el Gobierno nacional consideraron que, aunque el fallo aparenta ser “salomónico” -como ya señaló con anterioridad el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro- en el fondo se “beneficia” a la administración porteña.
Nación ya venía depositando un monto de 2,32% a CABA y si bien el 2,95% otorgado por la Corte Suprema es mucho menos que el 3,75% que el expresidente Mauricio Macri le había dado a la Ciudad, está por debajo del 3,5 que pedía la administración de Rodríguez Larreta.
Hace poco más de un mes, un funcionario de alto rango en la Casa de Gobierno había revelado que, durante las negociaciones llevadas adelante en Tribunales, la Corte había pedido que las partes acuerden en un punto intermedio, algo que fue rechazado por la Nación.
Los primeros en reaccionar públicamente contra el fallo fueron los gobernadores de Santiago del Estero y presidente del Norte Grande, Gerardo Zamora; y de La Rioja, Ricardo Quintela.
Para Zamora, “la ciudad más rica simplemente se burla” mientras que el federalismo “quedó pulverizado” con el fallo, mientras que Quintela calificó el fallo de “inconstitucional” y consideró que “va en contra del federalismo”.
“El fallo de la Corte Suprema a favor de CABA en el reclamo por la coparticipación va en contra del federalismo y es inconstitucional ya que Capital Federal no es una provincia”, publicó Quintela en su cuenta de Twitter.
Para el senador nacional por la ciudad de Buenos Aires Mariano Recalde (Frente de Todos), el fallo “solo beneficia el macrismo” y consideró que se trata de un “regalo de Navidad de la Corte Suprema para Larreta: más recursos para su campaña electoral”, tras recordar que “durante los 4 años que se los apropió no invirtió en seguridad, y tampoco construyó escuelas, viviendas ni subtes para los porteños”.
Desde el Gobierno porteño, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, informó que evalúa con su equipo el fallo de la Corte y anunció que, en el transcurso del día, anunciará las “medidas correspondientes”.
“El fallo de la Corte Suprema de Justicia es una gran noticia para todos los argentinos. Es una victoria de la Constitución y el federalismo por sobre los atropellos, el abuso de poder y la grieta. Tengo esperanzas, otra Argentina es posible”, publicó el alcalde porteño en su cuenta de Twitter.
Y agregó: “Con el equipo estamos evaluando el fallo para, en el transcurso del día, tomar y anunciar las medidas correspondientes”.
En reiteradas oportunidades, Rodríguez Larreta había prometido bajar impuestos si el máximo tribunal fallaba a su favor.
Macri, a poco de iniciar su gestión de gobierno, subió la cuota porteña del 1,40 por ciento al 3,75, un incremento que, en septiembre de 2020, en la gestión del Frente de Todos, fue llevada al 2,32 por ciento.
Contra esa decisión recurrió a la Corte Rodríguez Larreta, por ser el máximo tribunal el que interviene en los juicios entre la Nación y las provincias.
Así se inició un proceso en el que la Corte convocó a las partes para que resolvieran sus diferencias y pusieran el porcentaje voluntariamente pero el intento fracasó.
La Ciudad le reclamó a la Nación que le pagara los “fondos retenidos” desde septiembre de 2020, más intereses, y señaló que “además de un perjuicio financiero, es una vulneración de la autonomía constitucional de la Ciudad Autónoma y resquebraja la situación de igualdad en que deben estar todos los actores del federalismo”.
Para compensar esos fondos, la Ciudad dispuso un gravamen del 1,2 por ciento sobre todas las transacciones con tarjetas de crédito que se hicieran en la Ciudad, aunque Larreta prometió que se quitaría si recuperaba lo perdido.
A modo de aclaración, la Corte aseguró en el punto 10 del fallo que “la participación aquí discutida de la Ciudad de Buenos Aires en la masa total de recaudación a distribuir no afecta la coparticipación de las provincias”.
“En efecto -continuaron los cuatro jueces-, sea cual fuere el resultado de este pleito los recursos coparticipados de las provincias no se verán afectados, pues la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria”.
En el escrito de veinte páginas, publicado hoy, la Corte consideró que “el Estado Nacional no puede reducir unilateralmente ex post facto el nivel de los recursos comprometidos para la financiación del gasto” de la Policía Federal.
Por contrapartida, “el Estado receptor no podría simplemente abandonar la prestación del servicio cuando, como en el caso de la seguridad pública, se trata de una prestación esencial para la vida colectiva de la comunidad y uno de los principales cometidos”.
La Corte tuvo en cuenta que los decretos de Macri, subiendo la coparticipación de la Ciudad, para el Gobierno Nacional “solo buscaron favorecer a la Ciudad de Buenos Aires por afinidad político-partidaria, pero sin contar con respaldo jurídico, presupuestario o económico”.
En la misma medida, tomó en cuenta el argumento de la Ciudad en el sentido de que los decretos del expresidente “son actos válidos dictados en cumplimiento de acuerdos entre el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires”.
Ahora, sin plazos, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda deberá resolver la cuestión de fondo y conexas, como por ejemplo el pago de intereses que reclama la Ciudad por el tiempo que operó el recorte de sus impuestos coparticipables.